Jueves, 26 de Abril,2018.

Selene Villanueva.

La agencia estadounidense  de Administración para el Control de Drogas (DEA), interceptó las llamadas telefónicas que hubo entre jefes del grupo criminal «Guerreros Unidos» en Chicago y sus cómplices en iguala. Lo que confirmó que el estado no cometió la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque cabe destacar que fue raro que la DEA no le comunicara esto inmediatamente al gobierno mexicano que mantenían interceptados por lo menos 11 números celulares de los líderes de «Guerreros Unidos», como parte de una investigación sobre narcotráfico.

Esto viene a confirmar que la DEA no solo siguió en tiempo real el crimen, y, pudo comprobar como los capos decidieron y planificaron esto.

De acuerdo con los registros de llamadas, Pablo Vega Cuevas, principal detenido por Estados Unidos, preguntó que pasó con los normalistas, pero no hay pruebas que confirmen que él fue quien dio la orden de levantamiento.

Según la información que obtuvo el Eje Central, Estados Unidos hizo “la primera captura en abril de 2014 y la segunda más importante en diciembre, unos meses después de Iguala”, posteriormente México solicitó la información, la cual no le fue entregada hasta este noviembre pasado.

Se podría pensar que EU (Los que hacen las escuchas) no sabían de lo que se estaba hablado, pero por lo menos 3 meses después los que tenían las grabaciones ya sabían de que se trataba.

Respecto a las llamadas el último corte que tienen es en septiembre 26 a las 7:45 pm, (justo cuando comienza la violencia en Iguala, el ataque a los normalistas y las desapariciones).  La conversación se retoma las 4:00 am del 27 de Septiembre.

En las conversaciones que se tienen a partir de las 4:00 am hasta el 9 de Octubre, se puede observar como fue el manejo de esta organización criminal, ya que este creía que había un intento de infiltración a su territorio por parte de Los Rojos (Familia Michoacana), posteriormente se dieron cuenta que eran estudiantes pero creían que venían de infiltrados por lo cual no les importó. Y fue así que decidieron responsabilizar al gobierno estatal y a la policía federal de lo sucedido.

Después de 39 meses, el gobierno de Estados Unidos permitió que el caso de los 43 estudiantes se viera como un «crimen de estado» contra el gobierno de Peña Nieto. Permitiendo que el rumor creciera y se incubara en la opinión pública mexicana e internacional, y así que el ejercito se convirtiera en el principal sospechoso de ser cómplice de este crimen.

La DEA había identificado desde el 2013 a Guerreros Unidos, ya que ellos introducían a Estados Unidos heroína y fentanilo, así fue como en Abril del 2014 se comenzó el seguimiento a sus líderes a través de sus mensajes de texto en sus blackberry.

Cabe destacar que desde el 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la 1a. asistencia jurídica (información que se puede compartir entre otras autoridades), pero la petición no fue atendida. La respuesta llegó hasta Noviembre del año pasado, con la primera parte de las conversaciones interceptadas por la DEA, la segunda fue entregada en Febrero de este año.

La motivación para entregar esta información fue el interés de las autoridades estadounidenses por frenar las operaciones del Cártel de Guerreros Unidos en el trasiego de fentanilo.

A diferencia de años anteriores en los que se hacían operativos conjuntos entre México y Estados Unidos, para tener mayor impacto contra los grupos criminales, ni la DEA ni el Departamento de Justicia informaron en esa ocasión a México. Se vivían los peores momentos de confianza entre ambos países.

Desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia se instaló lo que se llamó “ventanilla única” para atender a las agencias estadounidenses, que no funcionó pero generó un enorme distanciamiento: se cortaron casi todas las actividades conjuntas de inteligencia, en buena parte de la postura de los entonces procurador, Jesús Murillo Karam, y secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

No sólo se cortaron lazos institucionales, sino que se modificó significativamente la forma pública de abordar esa colaboración. La mejor demostración de ello se dio un mes después, en enero de 2015, cuando Murillo Karam rechazó la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que por un asunto de soberanía nacional.

Alejandro Ramos Flores, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que la Procuraduría General de la República recibió esta información por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual revela que el Ejército no tuvo implicación alguna en los hechos.

Los militares acusados en el caso Tlatlaya, sobre haber ejecutado extrajudicialmente luego del enfrentamiento con delincuentes en Junio 2014, se encuentran libres, ya que fueron exonerados por la justicia civil, así que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El Subdirector de la Sedena, Virgilio Hernández Rodríguez, señaló que aun están en curso acciones legales y amparos sobre el tema. Afirmó que las fuerzas armadas no fueron omisas durante los acontecimiento ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de Septiembre de 2014.

Aclaró que incluso se les brindó auxilio a estudiantes que se resguardaron en una clínica, se realizaron labores de búsqueda de las víctimas y se apoyo a los familiares.

Las investigaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos, derivan de una investigación distinta, donde cumplen con los requisitos formales que su legislación les exige, bajo autorización judicial para llevar acabo la intervención. Esto permite tener confianza y certeza, pues corrobora que detrás de esta situación está el grupo criminal Guerreros Unidos.

Ramos Flores señaló que este grupo criminal se apoyó de servidores públicos de policía municipal. Y puntualizo que las conversaciones confirman que no hubo crimen de Estado en el caso de los normalistas y por lo tanto no existió implicación de personal del 27 Batallón de Infantería.

 

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Ramos Flores.

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